El Senado francés aprueba medidas legislativas contra la moda ultra rápida: Shein y Temu en el foco

Francia es reconocida internacionalmente como pionera en el sector de la moda, albergando numerosas casas de alta costura emblemáticas que gozan de una sólida reputación en el ámbito del lujo. Estas firmas se distinguen por su especialización en la alta costura y en las colecciones de prêt-à-porter de carácter estacional, ofreciendo prendas y accesorios cuyo elevado coste los hace inaccesibles para una parte significativa de la población. Esta inaccesibilidad ha contribuido de forma sustancial, en la última década, a la expansión del fenómeno denominado “moda efímera” (fast fashion), especialmente entre las nuevas generaciones de consumidores.

El fast fashion se basa en un modelo de producción acelerado y continuo de prendas de bajo coste, elaboradas a partir de materiales económicos, que siguen de forma inmediata las tendencias del momento y se comercializan a precios altamente competitivos. Este modelo implica costes de fabricación extremadamente reducidos, lo que ha suscitado numerosas críticas. La industria del fast fashion, y más recientemente su derivación hacia la denominada “moda ultra efímera” (ultra fast fashion), se encuentra actualmente bajo una creciente supervisión debido a su impacto ambiental. En particular, las emisiones derivadas de una producción masiva, la generación de residuos tanto en las fases iniciales como finales del ciclo de vida de los productos y la contaminación marina provocada por microplásticos, así como los riesgos éticos asociados a las condiciones laborales de los trabajadores del sector textil.

En poco más de una década, el volumen de prendas comercializadas en el mercado francés ha aumentado un 40%, alcanzando una media de casi cincuenta artículos por habitante y por año, de los cuales una proporción significativa acaba desechándose. Ante esta evolución preocupante, el Senado adoptó el 10 de junio de 2025 un proyecto de ley destinado a frenar la expansión del fast fashion, y en particular del denominado ultrafast ultra fast fashion, representado principalmente por plataformas como la empresa china Shein. El texto fue aprobado por una amplísima mayoría parlamentaria (337 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones).

La ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, celebró esta aprobación como “el primer paso legislativo de un ataque frontal contra el flagelo de la ultrafast ultra fast fashion”. A su juicio, esta medida constituye también una palanca estratégica para impulsar la regulación a nivel europeo, señalando que solo una respuesta coordinada en el seno de la Unión permitirá una actuación eficaz.

Conviene recordar que, con fecha 14 de marzo de 2024, la Asamblea Nacional ya había aprobado por unanimidad una posición contraria al fast fashion. En su versión inicial, el texto definía este modelo de negocio en función del volumen de prendas fabricadas. No obstante, el Senado ha optado por una aproximación distinta, adoptando una definición basada en el número de diseños puestos en el mercado. Este cambio pretendedirigirse específicamente a plataformas de ultra fast fashion como Sheino Temu, evitando afectar directamente a otras marcas más tradicionales, tales como Zara, H&M, Decathlon o Kiabi.

Conforme al texto aprobado, los fabricantes comprendidos en esta definición estarán sujetos a diversas obligaciones. En particular, deberán informar a los consumidores sobre el impacto ambiental de las prendas comercializadas, así como sobre las posibilidades de reutilización y reparación (artículo 1). Asimismo, la propuesta establece un sistema de bonificaciones y penalizaciones (bonus-malus) mediante “ecocontribuciones” moduladas en función del impacto ambiental de los productos y de las condiciones en que han sido fabricados (artículo 2). Las penalizaciones previstas serán de un mínimo de cinco euros por producto a partir del año 2025, cantidad que se incrementará a diez euros en 2030, sin superar el 50% del precio, sin impuestos. Estos importes, definidos como mínimos, podrán ser aumentados en caso necesario.

Otro de los artículos clave del proyecto de ley establece la prohibición total de la publicidad relativa a la ultra fast fashion (artículo 3).

Esta medida, pese a haber sido cuestionada desde el punto de vista constitucional, fue mantenida durante el debate plenario. El texto prevé, además, sanciones específicas dirigidas a los influencers que promocionen este tipo de productos.

Adicionalmente, el Senado ha introducido una disposición no prevista inicialmente que establece un gravamen sobre los pequeños paquetes enviados por empresas domiciliadas fuera del territorio de la Unión Europea, cuya cuantía oscilará entre dos y cuatro euros. No obstante, esta medida podría no mantenerse en el texto definitivo, habida cuenta de que ya se están celebrando negociaciones al respecto a nivel europeo.

El Proyecto de ley se inscribe en una dinámica más amplia de regulación del sector textil, en coherencia con los instrumentos jurídicos vigentes en Francia y en el ámbito de la Unión Europea. Los legisladores señalan que el nuevo texto se apoya en medidas ya adoptadas, tales como la implementación de un sistema de etiquetado ambiental para los sectores textil, de la confección y del calzado (Ley n.º 2021-1104, de 22 de agosto de 2021), la introducción de un incentivo económico para la reparación de productos con el fin de promover la economía circular y de proximidad (Ley n.º 2020-105, de 10 de febrero de 2020), y el nuevo Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles.

Tras esta segunda lectura en el Senado, corresponde a la Asamblea Nacional examinar nuevamente el texto y formular, en su caso, nuevas propuestas. Este procedimiento de doble lectura continuará hasta que ambas cámaras aprueben una redacción idéntica. Si bien el contenido del proyecto de ley podría ser objeto de modificaciones que concilien la versión inicial aprobada por la Asamblea Nacional con la versión enmendada del Senado, el voto del 10 de junio deja patente que Francia aspira a liderar la respuesta regulatoria europea frente al fenómeno de la ultra fastfashion.