El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia pionera que obliga al Gobierno a desvelar el código fuente de «BOSCO», la aplicación que decide quién recibe el bono social eléctrico. Este veredicto representa una victoria para la transparencia y el control ciudadano sobre las decisiones automatizadas tecnológicas que toma el Estado, en este caso, a la hora de otorgar ayudas en los consumos eléctricos de aquellos hogares con problemas socioeconómicos.
La decisión del alto tribunal pone fin a una larga batalla legal iniciada por la Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro, que en 2018 solicitó acceso al código fuente de la citada aplicación informática por vía administrativa y, posteriormente, por vía judicial. Esta herramienta es utilizada por las compañías eléctricas para verificar si los solicitantes del bono social, una ayuda destinada a los consumidores más vulnerables, cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se había negado a facilitar esta información, argumentando que la divulgación del código fuente podría comprometer la seguridad del sistema y que constituía una propiedad intelectual que debía ser protegida. A efectos aclaratorios, el código fuente es el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que, en esencia, constituye la esencia o ADN de cualquier programa informático. Sin acceso a él, es imposible auditar de manera completa si la aplicación funciona correctamente, si aplica de forma justa los criterios legales o si contiene errores o sesgos que podrían perjudicar a los solicitantes.
No obstante, el Tribunal Supremo ha reconocido que el derecho de acceso a la información pública es «un derecho constitucional» que debe prevalecer, en este caso, sobre las reticencias de la Administración. La resolución judicial desmonta el argumento de la seguridad aducido por el Gobierno, indicando que la transparencia, lejos de ser un riesgo, es una garantía para detectar posibles fallos y mejorar los sistemas. Además, refuerza la idea de que la información generada y utilizada por el sector público, incluso en formatos técnicos complejos, es, por defecto, de dominio público.
Por consiguiente, se establece un claro precedente sobre la llamada «transparencia algorítmica», un campo del derecho relativamente nuevo, pero de creciente importancia a medida que las administraciones públicas delegan cada vez más funciones en sistemas automatizados.
La victoria de la Fundación Civio, que ha emitido un comunicado celebrando la decisión, trasciende el caso concreto del bono social eléctrico. Abre la veda a que ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil puedan solicitar y obtener información sobre los algoritmos utilizados en ámbitos tan diversos como la asignación de plazas escolares, la concesión de ayudas sociales, la gestión de listas de espera sanitarias o incluso en sistemas de predicción policial.
Con esta decisión, se pretende impactar en España sobre la forma en la que se desarrollan y utilizan las herramientas tecnológicas de la administración pública, además de enviar un mensaje claro a las mismas y advertirles de que cualquier decisión tomada por una tecnología puede ser objeto de escrutinio de cualquier ciudadano.