La justicia europea da la razón a Mercadona en su batalla por el despido de las cajeras grabadas robando.

23/10/2019
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rectifica su criterio con respecto a la videovigilancia, aceptando el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia que emitió la Gran Sala en enero de 2018, respecto a los robos producidos por parte de varias trabajadoras de un supermercado.

Pero, ¿cómo empieza todo? A partir de una sospecha razonable, y tras apreciar diferencias existentes entre el inventario y los datos de ventas, los responsables de uno de los centros Mercadona decidieron instalar cámaras de videovigilancia en los accesos de entrada y salida del supermercado con la finalidad de controlar y prevenir la posible comisión de robos por parte de clientes. Tal y como exige la normativa de protección de datos, por parte de la empresa se informó de forma previa a los trabajadores de la instalación de dichas cámaras, así como de sus finalidades. No obstante, no se informó a los trabajadores sobre la existencia de cámaras ocultas, dedicadas a la vigilancia de los empleados.

Según las imágenes captadas por las cámaras ocultas, las cajeras escaneaban los productos de las cestas de las compras de clientes y compañeros, para luego anularlos, permitiéndoles abandonar la tienda con productos que no habían pagado. Según cálculos del supermercado, se sustrajeron mercancías por un valor de más de 80.000 euros, por lo que se procedió al despido disciplinario de los 14 empleados involucrados tras haber admitido su participación en los robos.

Ante esta situación, únicamente 5 personas decidieron iniciar un procedimiento que, hasta la semana pasada, no ha visto su finalización. Aunque los despidos fueron validados por las diferentes instancias de la justicia española, en enero de 2018 el TEDH consideró que el supermercado había violado el art. 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH) sobre el derecho al respeto de la vida privada, imponiendo el pago de 4.000 euros a cada una de las demandantes por no haber sido informadas de la colocación de las cámaras ocultas, concluyendo que los tribunales españoles no alcanzaron un equilibrio justo entre el derecho a la privacidad y la propiedad.

¿Qué circunstancias han hecho rectificar al TEDH? Tras aceptar el recurso presentado por la Abogacía del Estado, la Gran Sala ha fallado (no admitiéndose recurso) a favor de España en este caso. Este fallo hace especial incidencia en el grado y la expectativa de intimidad que un empleado espera en función del lugar de trabajo: siendo más elevado en baños y vestuarios donde “se puede justificar una prohibición total”, pero “es manifiestamente reducida en lugares visibles o accesibles a los compañeros de trabajo o al público en general”. Al colocar dichas cámaras sobre el área de cajas del supermercado “la intromisión en la vida privada de los demandantes no tenía un alto grado de gravedad”.

Asimismo, el TEDH ha incidido en la proporcionalidad de la medida adoptada por la empresa:  colocar las cámaras ocultas en el área de pago del supermercado, la toma de imágenes sólo duró 10 días y las grabaciones sólo las vieron un pequeño número de personas.

El Tribunal, con sede en Estrasburgo, hace especial hincapié en que la legislación española (que ya avaló el despido de las trabajadoras) ofrece garantías suficientes a través de distintos recursos, entre ellos la interposición de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que no fueron utilizados por las demandantes.

Jorge Carranza, Legal Team, L-A.

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