Hacia una “nueva normalidad” tecnológica: videovigilancia para controlar el uso de mascarillas, cámaras térmicas para la temperatura o reconocimiento facial para el teletrabajo o la firma de contratos.

Que el coronavirus ha venido para quedarse parece ya una evidencia. Pero que, poco a poco, vamos avanzando a lo que ya se ha denominado esa “nueva normalidad”, también. Una nueva normalidad que, además de influir en muchos aspectos de nuestra vida diaria como reunirnos con amigos, ir a un concierto o hacer la compra, también influirá en la utilización que hacemos y hacen las empresas de los medios tecnológicos, con sus posibles injerencias en los derechos y libertades de los ciudadanos.

Y esta revolución tecnológica asociada al COVID-19 parece haber despegado ya. Si desde hacer varias semanas el Gobierno aconsejaba el uso de mascarillas y en los últimos días obligaba a su utilización en numerosos espacios, las compañías tecnológicas se han puesto ya manos a la obra para lanzar al mercado dispositivos capaces de identificar si los ciudadanos cumplen con esta medida. La pionera ha sido Motorola que, junto con la empresa de videovigilancia Avigilon, ha presentado un proyecto que, combinando el uso de cámaras con herramientas de Inteligencia Artificial,  es capaz de reconocer objetos y medir distancias pudiendo, por tanto, comprobar si se cumplen las distancias de seguridad y si cada individuo lleva su mascarilla.

Otro de los elementos tecnológicos que más veremos –y ya estamos viendo- en los próximos meses son las cámaras térmicas o termográficas que, instaladas a la entrada de establecimientos (tiendas, bares, hoteles) o de centros de trabajo, permiten medir la temperatura de manera casi automática e identificar si los clientes o empleados podrían estar contagiados del virus, identificándolos a través de su imagen y evitando así su entrada en las dependencias.

Por su parte, el teletrabajo o las reuniones online se han convertido para muchos en algo muy habitual en las últimas semanas, y que probablemente lo seguirá siendo en los próximos meses. Y aquí es donde entra el uso cada vez más recurrente de la biometría: reconocimiento facial o por huella dactilar para controlar que el trabajador se encuentra realmente teletrabajando, así como para la realización de exámenes online; o el reconocimiento vocal, última tendencia para evitar las reuniones presenciales y promover la negociación y firma de contratos de manera virtual.

Cabe hablar también aquí del uso de drones. Muchas son las funcionalidades que se le han encontrado a estas “aeronaves no tripuladas” dentro del marco del coronavirus: monitorización y seguimiento de los movimientos de las ciudadanos o del cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes, control y desinfección de los espacios aéreos  o transporte de productos a domicilio para evitar el contacto físico con los repartidores.

Sin duda, nos encontramos ante una oleada de innovaciones tecnológicas que, en los próximos meses, van a convivir con nosotros pero que, al mismo tiempo, podrían suponer una injerencia en derechos tan básicos como la privacidad, la intimidad o la propia imagen. ¿Qué pasaría si no llevo puesta mi mascarilla y las autoridades pueden saberlo a través de cámaras de videovigilancia? ¿O si quiero acceder a una tienda o a mi centro de trabajo pero la cámara térmica de la entrada dice que tengo unas décimas de fiebre?

Las preguntas son innumerables y, por el momento, las respuestas por parte de las autoridades parecen no ser del todo claras. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado recientemente una Guía (“El uso de las tecnologías en la lucha contra el covid19. Un análisis de costes y beneficios”) en la que hace alusión a este tipo de tecnologías, hacia las que muestra su preocupación, asegurando entre otras cuestiones que, en último término, se deberá contar con el criterio de las autoridades sanitarias para su instalación, y matizando que el tratamiento de datos a través de este tipo de tecnologías debe “implementar una estrategia global basada en evidencias científicas, evaluando su proporcionalidad en relación con su eficacia, eficiencia y teniendo en cuenta de forma objetiva los recursos organizativos y materiales necesarios, así como el cumplimiento de los principios establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos”.

En particular, la AEPD ha asegurado por ejemplo que “la cámara térmica y la recogida del dato solo puede entenderse como parte de un tratamiento mayor, y no se puede tomar un dato de salud de una persona y tratarlo espontáneamente por cualquier gestor de un lugar público simplemente porque crea que es lo mejor para sus clientes o usuarios”, o, en relación al uso de reconocimiento facial para la realización de exámenes, que “la aplicación del interés público esencial como base de legitimación requiere de una norma con rango de ley que justifique en qué medida y en qué supuestos la identificación de los alumnos mediante el empleo de la biometría respondería al mismo” y que, por el momento, dicha norma no existe en nuestro ordenamiento jurídico.

Cabe recordar que este mismo Reglamento establece en su considerando 46 que “ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación”, permitiendo, con limitaciones, el tratamiento de datos dentro del marco de epidemias para proteger el interés público o los intereses vitales del interesado.  

Sea como fuere, parece que aún queda un largo camino por recorrer en cuanto al uso de estas tecnologías dentro de la lucha contra el coronavirus y que, sin perjuicio de las recomendaciones o instrucciones de la AEPD u otras autoridades en la materia, serán las autoridades sanitarias las que tengan la última palabra ante la inminente implementación de las mismas, para tratar de evitar la colisión entre el derecho a la protección de los ciudadanos sobre sus datos personales o su imagen, frente a otros como el interés o la salud pública o la prevención de riesgos laborales.  

Ignacio González de Aledo Castillo, Responsable de Regulación Digital y Derecho Tecnológico, Legal Army.

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