Estado de alarma y coronavirus: ¿puede la Policía vigilarnos a través de drones?

La proliferación del nuevo coronavirus (COVID-19) ha dado lugar a complejas e inusuales realidades jurídicas. Numerosos Estados han optado por declarar el estado de alarma (o de emergencia) junto con medidas excepcionales para vigilar y restringir el movimiento de la población.

En el caso de España y, concretamente en Madrid, hemos podido observar cómo la policía municipal ha utilizado drones equipados con altavoces y cámaras para facilitar estas labores de vigilancia y control, como ya ocurrió en China hace unos meses. Sin embargo, la utilización de estos dispositivos para labores de videovigilancia requiere un profundo análisis jurídico en cuanto a los derechos fundamentales que se ven afectados, en especial, el derecho a la protección de datos de carácter personal y la intimidad entendida en sentido amplio, además deben observarse también sus implicaciones éticas y el impacto psicológico que puede producir en los ciudadanos.

Resulta razonable plantearse si el uso de drones es posible con estas finalidades y cómo se regula su uso, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.

En este sentido, debemos distinguir; (i) el régimen jurídico de los drones; (ii) el uso de drones por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y; (iii) el tratamiento de datos personales por las FCSE.

¿Qué es un dron? Podemos definirlos dispositivos que pueden mantenerse en vuelo a través de medios aerodinámicos que pueden controlarse de forma remota o mediante un programa de vuelo, que puede ser, o no, automático. Que, además, pueden disponer de todo tipo de sensores.

¿Cuál es su regulación? El régimen jurídico de los drones se encuentra en este momento en pleno cambio y desarrollo, el pasado julio de 2018 se aprobó el Reglamento (UE) 2018/1139 que introduce un marco normativo armonizado respecto a las operaciones con drones en el espacio aéreo europeo y da lugar, a su vez, al Reglamento Delegado (UE) 2019/945 relativo al diseño, producción y mantenimiento de los drones y al  Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 relativo al Cielo Único Europeo y las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas, introduciendo el registro de operadores, la geoconsciencia y la identificación a distancia, entre otras cuestiones.

En España, la regulación principal de los drones se encuentra en el Real Decreto 1036/2017 que próximamente será sustituido por un nuevo marco normativo adaptado a los Reglamentos citados. Este nuevo marco se encuentra actualmente en tramitación, habiendo finalizado el trámite de consulta pública en el último trimestre de 2019.

Visto lo anterior, ¿pueden utilizarlos las FCSE para vigilar el cumplimiento del estado de alarma?  

El uso de drones por parte de las FCSE puede asimilarse, en cierta medida, a las labores de videovigilancia con cámaras móviles, que se han llevado a cabo tradicionalmente utilizando otros dispositivos.  Además, la regulación de drones vigente no distingue el uso por sujetos privados y sujetos públicos, de forma que resulta perfectamente compatible el uso de drones por las FCSE.

¿Cómo se regula el tratamiento de datos y la videovigilancia con drones por parte de las FCSE?

La normativa aplicable está compuesta por la Ley Orgánica 4/1997 en lo que se refiere a las labores videovigilancia llevadas a cabo en interés público por las FCSE y la Directiva (UE) 2016/680 que regula el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales y la libre circulación de dichos datos. La Directiva aún no ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento, lo que conlleva la aplicación de la LOPDGDD que, en su disposición transitoria cuarta, remite a la LOPD 15/1999 en lo que se refiere a estos tratamientos.

En este sentido el uso de drones será posible cuando tenga como finalidad asegurar la convivencia y erradicar la violencia, garantizando el uso pacífico de los espacios públicos y previniendo la comisión de delitos e infracciones relacionadas con la seguridad. El vigente estado de alarma habilitaría su uso siempre que se cumplan, entre otras, las siguientes condiciones:

a) El uso debe ser proporcional, idóneo y necesario, puesto que solo debe utilizarse cuando resulte ser un medio adecuado para los fines descritos (seguridad ciudadana y prevención de delitos e infracciones).

b) Debe realizarse una ponderación entre la finalidad pretendida y los derechos de los interesados, no sólo en lo relativo a la protección de datos de carácter personal sino también en lo relativo a la intimidad y la propia imagen. La videovigilancia por parte de las FCSE no tendrá la consideración de intromisión ilegítima siempre que se cumplan las normas citadas.

c) Deberá existir un peligro concreto, inminente y/o una situación de urgencia (actualmente, el estado de alarma). Estas cámaras, que podrán ser las incorporadas en los drones, pueden utilizarse cuando concurran las circunstancias anteriores en zonas en las que ya existe habilitación para la instalación de cámaras fijas.

d) Salvo autorización judicial o del titular no podrán captarse datos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos o elementos comunes, ni en lugares públicos cuando afecte gravemente a la intimidad de las personas. Tampoco podrán grabarse conversaciones privadas.

¿Pueden multarme utilizando imágenes captadas por drones?

Podrían utilizarse las imágenes para la detección de la infracción y su posterior verificación por un agente de las FCSE que será quien notifique y realice los trámites oportunos en este sentido. Ello será posible siempre que se trate de medios técnicos certificados, es decir, drones certificados por el Centro Español de Metrología.

Finalmente, más allá de la regulación de los drones y de la videovigilancia, no debemos perder el sentido común, la calma y la unidad, frente a una situación que a la par que crítica es transitoria y dependiente de la colaboración ciudadana.

Rahul Uttamchandani | Legal Counsel | L-A

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