A finales de 2020, la Unión Europea examinó la posibilidad de cambiar las normas para tener la facultad de acceder a chats y conversaciones protegidas con cifrado de extremo a extremo en los supuestos estrictamente necesarios. En el borrador realizado, se llegó a la conclusión de que estas técnicas pueden entorpecer un proceso de investigación cuando el resultado pretendido es identificar y localizar a criminales que difunden contenido sexual infantil.
Además de la función investigadora que reportaría eliminar el cifrado de extremo a extremo, se hizo hincapié en la capacidad de proteger a las víctimas con mayor rigor. “Para las autoridades competentes, el acceso a la evidencia no sólo es esencial para llevar a cabo investigaciones exitosas, sino también para proteger a las víctimas y garantizar su seguridad”, explicaba el borrador.
Recientemente, la Unión Europea ha solicitado la opinión de los 20 países que conforman el bloque, de entre los cuales, 19 optaron por seguir manteniendo un método de seguridad que proteja los mensajes y sólo España se mostró disconforme con dicha postura e impulsó la prohibición total del cifrado de extremo a extremo.
La posición de España, basada en impedir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE implementen el cifrado de extremo a extremo, no parece calar en el conjunto europeo, donde se muestran proclives a que, en todo caso, sean las propias compañías las que escaneen los mensajes privados de sus usuarios de cara a detectar contenido ilegal.