El INE utilizará datos facilitados por Movistar, Vodafone y Orange para hacer un seguimiento de la movilidad de los usuarios.

31/10/2019
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) se encuentra desarrollando un estudio a partir del uso de datos de teléfonos móviles con la finalidad de complementar la información de la que dispone en lo relativo a la movilidad y el uso de las infraestructuras públicas para su incorporación a los Censos de Población y Viviendas.

Para ello ha alcanzado un acuerdo mediante el que ha adquirido datos estructurados y anonimizados de los principales operadores de telecomunicaciones en España (Telefónica, Vodafone y Orange) por un valor conjunto de aproximadamente cuatrocientos noventa y ocho mil euros. A través de este acuerdo los operadores facilitarán al INE datos relativos a la geolocalización de sus clientes (consumidores) durante ocho días no consecutivos, en un formato estructurado y anonimizado.

Conforme al comunicado de prensa emitido por el INE el pasado martes 29 de octubre, “Esta información se limitará a un recuento de terminales que será proporcionada al INE en forma de tablas agregadas de resultados. Los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal”, aseverando en el mismo comunicado el cumplimiento de todas las garantías jurídicas con respecto al secreto estadístico y la privacidad de las personas.

Por lo anterior, consideramos conveniente analizar de forma breve algunos puntos clave de esta cuestión desde la perspectiva del derecho a la protección de datos de carácter personal.

En primer lugar, debemos partir de que más allá de las obligaciones a las que está sometido el INE, debe valorarse la esfera de obligaciones que tienen los operadores como responsables del tratamiento conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).

La mera anonimización de los datos de carácter personal ya constituye una actividad del tratamiento que deberá estar contemplada en su caso en las condiciones generales de contratación de cada operador y/o deberá haber sido adecuadamente informada y, según los casos consentida, por los interesados (clientes del operador) con carácter previo.

En este sentido, si el tratamiento se lleva a cabo con fundamento en el interés público como base legitimadora del tratamiento no será necesario que los interesados lo consientan para poder realizarlo, si bien los operadores no quedan exentos del deber de informar indicado en el párrafo anterior.

En segundo lugar, conviene reseñar que si el proceso de anonimización se realiza correctamente resulta irreversible de manera que, una vez finalizado, no nos encontraríamos ante datos de carácter personal. Esto quiere decir que la normativa citada no resultaría de aplicación a la información anonimizada en tanto que no identifica ni permite identificar a una persona física.

En tercer lugar, debe valorarse el principio de proporcionalidad consolidado por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, examinando si la finalidad que pretende alcanzar el INE puede lograrse utilizando técnicas menos invasivas en lo que se refiere a la privacidad e intimidad de las personas deberán utilizarse tales técnicas. Como medidas menos invasivas encontramos las tradicionales encuestas que venía realizando el INE hasta ahora e incluso la observación vía satélite – implementando las pertinentes medidas de privacidad desde el diseño y por defecto.

Como cuestiones adicionales resultaría conveniente analizar el proceso de anonimización empleado, las medidas de seguridad implementadas por las partes intervinientes y la perspectiva de los derechos de los consumidores y usuarios.

Lo cierto es que, desde la perspectiva de un consumidor medio, esta actividad difícilmente quedará comprendida en la expectativa legítima que tiene un usuario de un servicio de telecomunicaciones, si bien esta es una cuestión que debería valorarse caso por caso.

La Agencia Española de Protección de Datos se ha dirigido ya al INE solicitando información sobre este asunto y el modo en que se van a utilizar los datos obtenidos de los operadores citados.

Finalmente, podemos concluir que siempre que esta finalidad del tratamiento haya sido adecuadamente informada a los interesados, que se trate de información anonimizada que esté a su vez legitimada por el interés público y que sea la técnica idónea y menos invasiva para alcanzar la finalidad pretendida, nos encontraremos ante una actividad lícita.

La controversia pone de relieve una cuestión esencial; la falta de información y transparencia. Resulta muy recomendable informar de forma clara y transparente a los consumidores, sobre la finalidad y cómo se pretende alcanzarla, qué medios se van a utilizar y cómo afecta todo este proceso a su derecho a la protección de datos de carácter personal. Puesto en conexión con el régimen jurídico de la protección de los consumidores y usuarios, la solución podría encontrarse en las innovadoras técnicas y procesos de Legal Design.

Rahul Uttamchandani | Legal Counsel | L-A

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