El Gobierno francés ha lanzado esta semana una consulta pública que se mantendrá hasta el 31 de enero, para que los ciudadanos se manifiesten sobre once medidas relacionadas con los Influencers.
El objetivo por parte del ejecutivo francés es establecer una serie de derechos para los influencers que protejan sus derechos de propiedad intelectual, pero también deberes que deberán respetar en aras de proteger a los consumidores y usuarios de sus contenidos.
De esta forma las medidas van en cuatro líneas:
En primer lugar, se definirán legalmente los conceptos de influencer y creador de contenidos, así como de sus agentes, imponiendo contratos por escrito entre estos y las marcas o agencias con las que trabajan.
En segundo lugar, se plantea la creación de un sitio web de información para los profesionales del sector que sirva para protegerlos en materia de propiedad intelectual.
En tercer lugar, también se propone la constitución de una suerte de federación profesional de influencers o de marca de reconocimiento que permita acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa.
Por último, se pretende la creación de una guía de buenas prácticas para reforzar las obligaciones de los creadores de contenidos.
Este punto final quizás sea el más relevante, pues la protección de los consumidores es lo que parece ser el eje fundamental de todas estas medidas: todas estas medidas buscan reforzar las ya existentes, pero voluntarias, códigos de buenas prácticas publicitarias, haciéndolas obligatorias.
Se prevé que las medidas empiecen a aplicarse a partir de marzo de 2023.