Una nueva regulación en materia de privacidad ha entrado en vigor en toda la ciudad de Nueva York el pasado 9 de julio, introduciendo nuevos límites a los usos que las empresas pueden hacer con los datos biométricos que recogen de sus clientes. Así, la ordenanza prohíbe a las empresas vender, compartir o sacar algún tipo de provecho de la información biométrica que recaban.
Esta nueva normativa se aplicará a cualquier establecimiento comercial de la ciudad, lugares de entretenimiento, tiendas minoristas o establecimientos de hostelería. En cumplimiento con esta nueva ordenanza, las empresas que recojan información biométrica -más comúnmente en forma de reconocimiento facial y huellas dactilares- estarán obligadas a colocar avisos y carteles visibles para los clientes en los que se indique cómo se recogerán sus datos.
En particular, no se exigirá a los establecimientos comerciales que publiquen un aviso cuando los datos biométricos se recojan mediante fotografías o grabaciones de vídeo, siempre que no se utilicen programas o aplicaciones para analizar las imágenes y los vídeos con el fin de identificar a las personas basándose en características fisiológicas o biológicas. Sin embargo, quedan expresamente excluidas de su aplicación las agencias, empleados o agentes del gobierno. Las instituciones financieras no tienen que publicar un aviso sobre el uso de las tecnologías de reconocimiento biométrico, pero están sujetas a la prohibición de venta de información de identificadores biométricos.
Quizás lo más preocupante para los comercios de la ciudad de Nueva York son las sanciones introducidas: se considera una infracción que se sancionará con 500 dólares por el hecho de que un establecimiento comercial no coloque avisos visibles, 500 dólares por el incumplimiento de la prohibición de vender o compartir datos biométricos, y 5.000 dólares por cada infracción intencionada o imprudente de la prohibición de vender o compartir información de identificadores biométricos. Además, los particulares también pueden recuperar los honorarios de los abogados y las costas o gastos, y un tribunal puede ordenar medidas cautelares.