¿Cómo será la transformación digital del sistema financiero español?

El 15 de noviembre entró en vigor la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero cuyo objeto será regular “un entorno controlado de pruebas que permita llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero”, más conocido como “sandbox”, con “pleno acomodo en el marco legal y supervisor, respetando en todo caso el principio de no discriminación” según el texto.

Esta Ley trata de acompañar la transformación digital del sistema financiero enfocándola hacia dos objetivos principales:

-Garantizar que las autoridades financieras dispongan de instrumentos adecuados para seguir cumpliendo de forma óptima con sus funciones en el nuevo contexto digital.

-Facilitar el proceso innovador a fin de lograr un desarrollo más equitativo mediante el mejor acceso a la financiación de los distintos sectores productivos y la captación de talento en un entorno internacional altamente competitivo.

De este modo, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, se constituirá una Comisión cuyas funciones serán tomar conocimiento de las solicitudes presentadas, conocer y deliberar acerca de los contenidos de la memoria en la que se evalúen los resultados de las pruebas o intercambiar conocimiento sobre el contenido de los protocolos para establecer pautas homogéneas cuando sea posible.

La Asociación española de Fintech e Insurtech (AEFI) ha participado de forma activa en todo el proceso de diseño y creación desde el año 2017, cuando comenzó a trabajar en ello, y que desembocó en 2018 con la publicación de dos documentos: “Propuesta para la implantación de un Sandbox en España” y “Decálogo para la implementación de un sandbox en España”.

AEFI confía en que esta ley incentivará la creación de aproximadamente 5.000 nuevos empleos directos en el ecosistema fintech en los próximos dos años y una atracción de 1.000 millones de euros de inversión adicionales.

Además, este avance permitirá colocar a España como uno de los países de referencia en el ámbito de la regulación fintech, animando la atracción y mantenimiento del talento nacional e internacional, facilitando la inversión en el sector y abriendo la puerta a que las entidades financieras y de capital riesgo puedan invertir en startups y colaborar con ellas.