En la primera semana de enero, se informó sobre una nueva ley que el Presidente de Bielorrusia firmaría y que supondría la posibilidad de utilizar materiales protegidos sin necesidad de obtener autorización de los titulares. El ámbito de aplicación de la norma se extendería a todas las obras audiovisuales, musicales y de software.
Sin embargo, esta exención en la obligación de obtener autorización sólo se extiende a aquellas obras cuyos titulares pertenezcan a Estados que hayan cometido acciones hostiles contra Bielorrusia; así también se permite el acceso al contenido de empresas extranjeras que hayan revocado o se hayan negado a conceder licencias en Bielorussia.
Asimismo, la norma obliga, en aquellos casos en los que no sea necesaria la autorización, a pagar por el uso de ese contenido sin licencia. Así, los usuarios deberán realizar un depósito en una cuenta bancaria operada por el Gobierno (a través de la Autoridad Nacional de Patentes) quien se encargaría, según la norma, de conservarlo durante un periodo de tres años. Si los titulares, durante ese periodo de tres años, no reclamasen la cuantía, el Gobierno de Bielorrusia se quedará con el dinero de manera definitiva.
Estas medidas surgen tras la imposición de restricciones al envío de tecnología y software a través de Estados aliados con Rusia y, en particular, a través de Bielorrusia.